La mafia de la ciencia

82 millones para pagar boletines de Conacyt

2020-10-21T00:00:00+00:00

La administración pasada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) inyectó, a través de un fondo para el fortalecimiento educativo, más de 82 millones de pesos a la empresa de publicidad SCD Servicios Creativos Digitales, S.A. de C.V., con el objetivo de que esa firma realizara los trabajos que por organigrama corresponden al área de Comunicación Social del instituto de ciencia.

La transacción consistió en la firma de dos contratos entre Agencia Informativa Conacyt (AIC) encargada del área de Comunicación Social, y la empresa. El origen del dinero utilizado es el Fondo Institucional Conacyt (FOINS) que entre otras características, tiene como limitante que no debe de ser utilizado por las oficinas centrales del Conacyt, ni en su beneficio.

La empresa en cuestión (SCD) creó la web conacytprensa.mx con el objetivo de subir las notas de prensa del Conacyt. La SCD realizó la comunicación pública de la ciencia, según los contratos de los que PODER posee copias, entre los años 2015 y 2018. Es decir, aunque la SCD se encontraba detrás del sello de la AIC Conacyt desconoció estos contratos en solicitudes de transparencia en dos ocasiones.

La empresa fue constituida en el Estado de México en 2008 por los hermanos Enrique y Rodrigo Galindo Murillo. Enrique se ostenta ante las autoridades fiscales como publicista; Rodrigo es un Químico Farmacológico que se formó en temas de divulgación científica en la Universidad Autónoma de México.

La empresa recibió en 2015 a través del fondo 2250-6 (FOINS) un contrato por 38,976,000 pesos por el concepto de “servicios profesionales para realizar actividades con la estrategia de comunicación del Conayt”. Dicho acuerdo fue autorizado en 2016 por el doctor Víctor Gerardo Carreón como Secretario Administrativo y Miguel Adolfo Guajardo Mendoza como Secretario Técnico.

El año siguiente y bajo las mismas firmas, se concretó otro contrato con el mismo fin en el que se estipulaba la entrega de 43,430,400 pesos que provenían de los mismos fondos. En total la empresa creadora de sitios web recibió más de 82 millones de pesos en dos contratos por un espacio de tres años por realizar servicios que debieron estar cubiertos por la panilla laboral de Comunicación Social.

A decir del investigador Erik Cruz en su tesis sobre análisis de la divulgación científica, la contratación de esta empresa generó duplicidad de funciones en el organigrama del AIC, lo que impide que la publicación de autoridades sea transparente.

“La definición de la estructura interna de la AIC, el caso de esta agencia es particular porque existen dos propuestas de organigrama: uno planteado desde el Conacyt, en donde se ubica a esta organización como parte de la Unidad Técnica de Proyectos, Comunicación e Informática Estratégica, y otro, planteado por la empresa a cargo, en donde se instaura la jerarquización interna de la agencia. A decir verdad, de este último no se tienen evidencias documentales para revelar el organigrama” explica el especialista1.

Las malas prácticas en la gestión del FOINS

No es la primera ocasión que el FOINS es utilizado con fines ajenos a su creación. Se trata de la misma entidad financiera y partida presupuestal con la que El Foro Científico y Tecnológico A.C. logró suplantar funciones del Estado y hacerse, con dinero público, de una casona en una de las colonias más prestigiosas de la capital mexicana.

Específicamente Rodrigo Murillo, a través de la Sociedad de Química de México, tiene antecedentes de haber contactado con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., gracias a un congreso que se efectúa de manera anual con diferentes sedes en el país.

La constancia de este evento, también en manos de este medio de comunicación, constata que el socio de la empresa SCD, Rodrigo Murillo, estuvo junto a Víctor Manuel Loyola del Comité de Trabajo de Ciencias Exactas y Naturales y Salud del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., cuando fue invitado a presentar uno de sus trabajos a este evento.

Lea aquí: Un gobierno entre las sombras

La anomalía de la subcontratación fue detectada por algunos investigadores. En 2015 y 2017, se presentaron solicitudes de información al área correspondiente con el fin de detectar bajo qué términos se decretó que dichos trabajos fueran realizados por la empresa SCD con pocos años de experiencia. Pero en ambas solicitudes, la Dirección de transparencia a cargo de la Secretaria Técnica del Comité de Información del Conacyt, Tania Citlali Reyes Castrejón, respondió que la información solicitada no existía.

“Sobre esta solicitud de información te comento que el 9 de abril envíe la respuesta que señalaba que esta Dirección no tiene registro de contratos celebrados entre la empresa SCD Servicios Creativos Digitales y CONACYT. En el este sentido, desconozco si en otras áreas se tiene información al respecto”, explican en la solicitud con folios 17615.

No obstante las declaraciones de la Secretaría Técnica, la autoridad hizo caso omiso de las solicitudes de acceso a la información. PODER tuvo acceso a dos contratos firmados a favor de la empresa en cuestión, el primero data del 2015 al 2017 y el segundo al 2018.

Descargue aquí los contratos completos

Nuevo blindaje ante desfalcos

2020-06-16T00:00:00+00:00

Actualización del jueves 16 de Julio de 2020

Regresan legalidad al Foro Consultivo del Conacyt. Meses después de la investigación realizada por PODER con información de Méxicoleaks, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desaparece de raíz al autodenominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. modificando las Bases Generales que dieron pie al desfalco señalado por la actual titular María Elena Álvarez-Buylla Roces.

En total, son cuatro los documentos jurídicos que rigen la legalidad del Instituto de Ciencias: el Estatuto Orgánico General, la Ley Orgánica de Conacyt, la Ley de Ciencia y Tecnología, y finalmente, la Constitución Política. El Conacyt, al poseer diversos organismos de la misma índole que el Foro, es el único responsable de emitir los documentos que regulen a estos, en este caso, las Bases Generales.

La dependencia en manos de María Elena Álvarez-Buylla Roces, celebró hoy una junta con la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (el que sí está previsto en la Ley) en la que, entre otros temas, aprobaron en conjunto las nuevas Bases Generales de dicho Órgano Interno Colegiado del Conacyt, con las que dan fin administrativo al escándalo ocurrido a inicios de la actual administración.

En el contexto de las acusaciones se reveló que de 2011 a 2018, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.), institución de carácter privado, recibió del Conacyt más de 287 millones de pesos, buena parte de los cuales se dilapidaron en viajes al extranjero, desayunos en restaurantes de lujo, compras por internet y hasta una casa en el corazón de Coyoacán en donde tienen sus instalaciones, y que ahora mismo son incapaces de explicar el origen del total de recursos con los que se adquirió.

Todo lo anterior fue respaldado por las anteriores Bases Generales que los dirigentes del Foro A.C., al ser también científicos de Conacyt, escribieron y que fueron aprobadas por el extitular de la dependencia, Enrique Cabrero Mendoza, quien jamás reparó en la ilegalidad de los actos ahora denunciados por Álvarez-Buylla Roces.

El conflicto con las Bases Generales anteriores que Conacyt pretende resolver, resulta del análisis del artículo 36 fracción cuarta de la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde se puede leer claramente que la organización del Foro debe realizarse mediante comités de trabajo, asunto que nunca fue llevado a la práctica. Asimismo se regulará el tema de los salarios y burocracia del Foro, dado que la misma Ley prevé que los cargos desempeñados por el mismo sean totalmente honoríficos.

En el nuevo documento en manos de este medio de comunicación, se puede leer también que el instituto aclara que en ninguna parte de la ley o sus artículos transitorios se prevé que el foro sea una Asociación Civil, tal y como ocurrió hasta la llegada de la nueva administración. También advierte que “ninguna persona moral de derecho privado puede pretender ser un órgano público”.

Dicho acto, tal y como lo publicó PODER en La Mafia de la Ciencia en marzo de este año, configura un hecho de suplantación de funciones propias del Estado Mexicano. El Foro Consultivo que sí está contemplado en la Ley, según lo argumentado en el penúltimo párrafo del artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se trata de un órgano interno del Conacyt, que no tiene, y no debió tener, personalidad jurídica dado que es el propio Conacyt el único con las facultades para representarlo.

En este complicado contexto es que ahora el Conacyt finalmente anuló las bases aprobadas por la administración de Cabrero Mendoza, que permitieron que los integrantes de la asociación civil autodenominada Foro A.C. recibieran, en algunos casos, percepciones superiores a las de todos los gobernadores del país. Tal y como ocurrió con Adriana Guerra Gómez, última secretaria técnica de la A.C. quien además sostiene un juicio en contra de Conacyt para preservar esos privilegios.

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Un gobierno entre las sombras

2020-03-13T00:00:00+00:00

Actualización 30/marzo/2020

Luego de la publicación de este reportaje, el 30 de marzo de 2020, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora María Elena Álvarez Buylla Roces admitió mediante un comunicado interno la existencia del problema ocasionado por la A.C. relacionado a la suplantación de funciones del Estado. Asimismo denuncia que la A.C. participó indebidamente en la deliberación y decisión de múltiples actos de autoridad y política pública. Finalmente, en ese mismo documento, se asegura que la existencia de dicha A.C. configura una práctica sin fundamento legal y que las autoridades se encuentran tomando cartas en el asunto.

“Proponer y opinar sobre las políticas nacionales, programas sectoriales y especial de apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación”, ésta frase aparece tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica y el Estatuto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en el Acta Constitutiva del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A. C. Esto no tendría mayor relevancia de no ser porque esa A.C. no le pertenece al Conacyt, sino a un grupo de académicos que se han otorgado mandatos de “Institución Pública”, cuando estas funciones están reservadas al Estado Mexicano.

Esta suplantación de roles ha permitido que algunos de esos académicos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) realicen funciones como la gestión de fondos públicos, el apoyo a los legisladores en la generación de leyes en materia científica y el ejercicio de fondos públicos para su presunto enriquecimiento.

Gracias a una filtración vía Méxicoleaks, PODER tuvo acceso a más de 700 documentos confidenciales en los que se narra todo el proceso de judicialización y entre otras cosas, la suplantación de funciones del estado.

La manipulación de una ley

Cuando nace la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y la Ley Orgánica del Conacyt, el 5 de junio de 2002, se menciona dentro de las mismas, que se debía conformar un Foro Consultivo Científico y Tecnológico con el objetivo de otorgar asesoramiento en la materia a diferentes espacios gubernamentales y al Conacyt. Ese foro estaría conformado bajo la figura de Órgano Colegiado Interno.

Pero un par de meses después, el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando la Ley de Ciencia y Tecnología ya había sido aprobada en el Congreso, Patricia Zúñiga Cendejas, quien quedaría como Secretaria Técnica del Foro Consultivo, constituido por dichas leyes, y José Antonio de la Peña Mena, entonces Coordinador General, crearon frente al notario público Ángel Gilberto Adame López, la entidad jurídica Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A.C. (Foro A.C.). En contra de la LCyT, dos meses más tarde, las autoridades en turno del Conacyt promovieron un estatuto que pretendió validar temporalmente a la A.C.

Zuñiga Cendejas y De la Peña no cumplieron con la ley, sino que se basaron en un estatuto impulsado durante su administración y crearon una asociación que suplantó funciones del Estado. Pero lo que realmente se pensó para dicho foro, era ser un órgano interno dentro de Conacyt, por lo que la existencia de dicha A.C. usurpa el nombre y funciones estipuladas para el Órgano Interno y el notario público no reparó en esta suplantación.

En el artículo 36 de la LCyT se habla además del “Foro Consultivo” como un Órgano Autónomo en sus opiniones. Es decir, no son un espacio legal similar como el que representan el Instituto Nacional Electoral (INE) o del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero el Foro A.C. no es eso, legalmente es únicamente un contrato entre particulares.

Con la asociación constituida, los académicos estaban listos para tomar el poder. El 09 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Estatuto en el que se da cuenta de la existencia del Foro A.C. pero que carece de fundamentación. Es decir, si el Foro A.C. fuera público, debió haberse constituido de conformidad en lo previsto en la Ley de Federales de Entidades Paraestatales, y no, mediante una acta constitutiva.

La propia Ley sería entonces la base para constituir el Foro mencionado en la misma. Debido a la falta de fundamentación recientemente tuvieron que realizar cambios en dichos estatutos del Conacyt. Ahora se especifica que quiénes conformarían esta figura serían representantes de diferentes instituciones a los que se refiere la Ley y en ningún momento debería tener personalidad jurídica (sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros).

¿Quiénes son y cómo llegaron algunos al PRI?

Los coordinadores generales del Foro A.C. (personas responsables en lo público de las actividades de la A.C.) han sido el Dr. José Antonio de la Peña Mena (2002-2004), el Dr. José Luis Fernández Zayas (2004-2008), el Dr. Juan Pedro Laclette (2008-2012), la Dra. Gabriela Dutrénit Bielous (2012-2014), el Dr. José de Jesús Franco López (2014-2018) y la Dra. Julia Tagüeña Parga (2018 a la fecha). El fundador del Foro y primer presidente, de la Peña, ha ocupado importantes cargos en administraciones priistas, incluso fue el encargado del Consejo de Ciencias de la Presidencia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto1, como la mayoría de sus sucesores.

El segundo director del Foro A.C., José Luis Fernández Zayas -egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- fue director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) durante la administración de EPN2. El académico también fue uno de los firmantes, junto a Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN, Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y Luis Videgaray Caso, excanciller, del Pacto por México, documento pilar en el impulso de las Reformas Estructurales.

El tercer director, Juan Pedro Laclette, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue colaborador del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI durante el periodo de Peña Nieto. Aunque a Laclette se le relaciona más con otro grupo de priistas, como la exsenadora Ana Lilia Herrera, del Movimiento Territorial del PRI, la Secretaria de Cultura del CEN, Beatriz Pagés y el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Joaquín Hendricks3.

Actualmente, la secretaria técnica del Foro A.C., Adriana Ramona Guerra, sostiene un juicio de Amparo en contra de Conacyt, que recae en los mismos Tribunales Federales que liberaron las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de enriquecimiento ilícito.

La demanda contra Conacyt

El proceso jurídico en cuestión inició con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien durante una rueda de prensa, llamó “burocracia dorada” a estos científicos, por los beneficios que ostentaban. En ese mismo evento, anunció que su gobierno dejaría de entregarles fondos4.

La denuncia del presidente ocurrió en junio de 2019, pero no fue hasta el siguiente mes que Conacyt emitió el comunicado de prensa en el que se anunciaba que el recorte afectaría al Foro A.C. En el documento oficial se advertía que esta asociación duplicaba funciones y se atribuía facultades por encima de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, se denunció que durante la administración de Enrique Peña Nieto, esa A.C. había recibido 200 millones de pesos por lo que su manutención era incompatible con las funciones del Consejo. Es decir, su destino estaba ya dispuesto.

En respuesta, algunos , liderados por Adriana Ramona Guerra, interpelaron la decisión presidencial mediante el juicio de Amparo Número I-1440/2019 con el que pretenden obligar al estado a seguir dando dinero público a su asociación privada. La primer batalla la ganaron los académicos consiguiendo que los tribunales sancionaran a Conacyt por desacato; sin embargo, el juicio continúa y escala. En tan sólo cuatro meses el conflicto pasó de ser una demanda en materia administrativa para convertirse en una querella.

Sobre la demanda, la actual coordinadora general del Foro A.C., Julia Tagüeña, dijo a PODER que se trata de un proceso de culminación para proyectos como la A.C. que surge de las negociaciones para implementar la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Aunque ella personalmente no presentó el Amparo, sí se identifica con el grupo impulsor y asegura que “aunque ya ganaron unas luchas judiciales, no ven la manera de continuar de la misma manera”.

La versión de los académicos dista mucho de lo estipulado en los expedientes judiciales, de los que PODER posee copias, principalmente porque ellos aseguran que no hubo un uso ilícito del recurso asignado. Serán los tribunales quienes tengan la última palabra.

Historia de Ricardo Balderas editada por Fernanda Hopenhaym.

Los datos analizados por PODER fueron tomados del más reciente informe financiero presentado por la propia Asociación Civil Foro Consultivo. Es importante mencionar que algunas facturas fueron retiradas del conteo final debido a que carecían de información en más de dos casillas importantes, además, la suma original es mayor debido a que en el proceso de captura de datos fueron retirados los montos utilizados en pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una casa y 7 millones

2020-03-13T00:00:00+00:00

Durante el último año, los académicos que dirigen el Foro Consultivo Científico y Tecnológíco, A.C. reportaron en sus gastos viajes internacionales con destinos como “Bruselas, China, Colombia”, compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares.

Pero el más alarmante de los gastos, que además es una irregularidad, es la adquisición de un inmueble. Cada año el Foro A.C., creada en 2002 y suplantando a lo que debió ser un órgano interno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), justificaba con su Informe Técnico Financiero en qué se gastaban el dinero del presupuesto que se asignaban. No obstante, en ninguno de los informes presentados por la A.C. reportaron haber adquirido fondos para comprar un inmueble. La compra ocurrió en 2015.

Se trata de la casa ubicada en el domicilio Melchor Ocampo, Casa #305 (antes 107), en una zona residencial del centro de la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México. PODER posee copias selladas de los registros catastrales en los que efectivamente se revela que la Asociación Civil adquirió la superficie en carácter de propietaria el 16 de junio de 2015 (durante la coordinación de José de Jesús Franco López). Dicho acto contraviene a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt, pues en ningún momento se establece que debería tener personalidad jurídica (sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros actos). Para que el Foro pudiera realizar una compra de tal magnitud, se tuvo que conformar como A.C.

Para averiguar el origen del dinero con el que se adquirió el inmueble, este medio de comunicación entrevistó a los últimos tres coordinadores generales de la A.C. que abarcaron un periodo de ocho años. En primer lugar se entrevistó a la doctora Gabriela Dutrénit, posteriormente a la doctora Julia Tagüeña Parga, también y finalmente al doctor José de Jesús Franco.

Dutrénit ocupó el cargo durante el periodo de 2012 a 2014, y según sus propias declaraciones, para cuando ella tomó el cargo la A.C. ya poseía entre sus fondos privados un monto aproximado de 30 millones de pesos (mdp). El Foro A.C. fue constituido en 2002, por lo que la asociación habría acumulado un promedio de 2.7 mdp por año sin hacer públicas estas finanzas.

En entrevista para PODER, Dutrénit comenta que el dinero con el que compraron la casa proviene de un fondo que se heredó de la administración de José Luis Fernández Zayas, el mismo investigador que prestó su firma para impulsar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. Ella comenta que recibió aproximadamente 30 millones de pesos de un contrato que pudo relacionar con la contratación del Foro para investigar lo ocurrido con el desastre minero en Pasta de Conchos.

Asimismo, Dutrénit, aseguró que su administración no ejerció ese recurso y dijo: “Yo entregué el dinero tal cual lo recibí, mi administración sólo trabajó con fondos del Conacyt y está todo debidamente notificado”. Además, agregó que la compra de la casa fue ejecutada durante la gestión de su sucesor, José de Jesús Franco López.

Por su parte, Franco López reconoció que no se dio a la tarea de investigar de dónde venía el dinero con el que el Foro A.C. adquirió esta casa.

En el mismo tenor, en la actual administración de la A.C. (Adriana Ramona Guerra como secretaria técnica y Julia Tagüeña como coordinadora general, quienes ofrecieron entrevista para PODER) aseguran que operaron con fondos meramente públicos y que los recursos con los que se adquirió la casa son resultado de otras actividades que realizó la A.C. en un periodo que no les corresponde.

Estas actividades (la investigación por la tragedia de Pasta de Conchos) que sí tenían fines de lucro no fueron reportadas en ningún sitio. Además, en la página web del Foro A.C. no aclaran específicamente qué porcentaje del dinero que recibían del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) servía para actividades académicas o cuál era el porcentaje o monto que era destinado a otras de sus actividades. Lo que sí sostiene es que el inmueble ahora pertenece a los constituyentes de la A.C.

El dinero utilizado por el Foro A.C. provenía principalmente de dos fondos: Fondo Institucional del Conacyt (FOINS) y del Programa de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (“Programa Presupuestario F002”).

*Puedes mover el cursor para ver la casa en 360°.

Pero las Reglas de Operación del Fondo y los Lineamientos de gasto del F002 distan mucho del uso que le dieron los coordinadores generales del Foro.

Los contratos y empresas beneficiadas

Julia Tagüeña renunció a su cargo como Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt en octubre de 2018 antes de que terminara la gestión de Enrique Peña Nieto, y fue designada coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. unos días después de dicha renuncia. Hasta la fecha mantiene ese puesto.

Tagüeña asegura para este medio de comunicación que no aprovechó su cargo en Conacyt para enviar fondos al Foro A.C. que estaba por presidir. El último presupuesto a favor de dicha asociación civil fue de 50 millones de pesos.

Los fondos fueron adjudicados de manera directa. Debido a que Conacyt tiene la facultad de recurrir al fondo institucional “FOINS” y que en sus reglas de operación se estipula que para su ejercicio no es necesario un proceso de licitación y que los recursos podrán otorgarse “por adjudicación directa del CTA (Comité Técnico y de Administración)”, los académicos direccionaron dinero a su A.C. y lo ejercieron de manera directa y sin presentar proyecto ejecutivo. Lo cual, si bien no es ilegal, sí es opaco.

En la entrevista, Julia Tagüeña Parga comenta que la actividad de ejercer recurso es común, por lo que enviar dinero a la A.C. no constituye una irregularidad.

Aunque la mayoría del gasto reportado en el más reciente informe financiero de la A.C. revela que fue ejercido en viáticos para los académicos y sus nóminas, también se encontraron compras a empresas como Amazon, Google, Cabify, Lumen y Adobe. En total, el gasto registrado por la asociación civil en 2019 suma 49,425,767 pesos.

Dividiendo las partidas entre particulares y firmas, la empresa que más dinero recibió, fue el mismo Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. que se autoasignó 15,276,718.52 pesos; en segundo lugar se encuentra la firma Esteva Maraboto Consultores, S.C. con 936,000 pesos; a esa firma le sigue Esbira Consultores, S.A. de C.V. con 870,000 pesos; por esa misma cantidad, está la empresa Ideas Emprendedoras de México, S.A. de C.V.; seguida por México Red de Telecomunicación, S. de R.L. de C.V. con 794,539.60 pesos.

Pero si se analizan únicamente a las personas que ganaron contratos con el Foro A.C., el más beneficiado es Francisco Salvador Mora Gallegos con cheques por 1,255,200 pesos; en segundo y tercer lugar se encuentran Alfredo Camhaji Samra y Mónica Ortíz Álvarez quienes recibieron la suma de 1,060,000 pesos cada uno; en cuarto lugar está Liliana Estrada Galindo con 876,000 pesos; y en quinto lugar Elisa Nuñez Acosta a quien entregaron 809,160.81 pesos. Todos ellos son académicos que frecuentemente aparecen en los comunicados y eventos del Foro A.C..

Otra cuestión llamativa que aparece en los informes financieros de 2019 es que durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, la secretaria técnica de la A.C., Adriana Ramona Guerra Gómez, percibió 53,850 pesos quincenales, es decir, 107,700 pesos al mes. Lo que significa 1000 pesos menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién recibe 108,659 pesos mensuales.

Así lo comprueban los informes financieros del mes de noviembre y diciembre; los pagos en estos meses no son los correspondientes al aguinaldo pues en el mismo documento se especifica que Guerra Gómez recibió el monto de 134,600 pesos por concepto de aguinaldo la segunda quincena de junio de 2019.

El motivo de la fecha irregular para recibir el pago fue revelado en entrevista con Julia Tagüeña y Adriana Guerra quienes comentaron que decidieron depositar el aguinaldo en el mes de junio de 2019 ante la incertidumbre del destino del Foro A.C., por lo que entregaron estas prestaciones de manera paulatina.

En tan sólo un año (2019) la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico reportó haber erogado 2,201,537 pesos sólo en gastos dirigidos a Guerra Gómez. Fue ella quien viajó a Beijing, China, con cargo al erario, además de que contrató servicios de comidas en el extranjero. Es importante mencionar que las percepciones salariales de los trabajadores en la A.C. no se encuentran marcadas en el registro de gasto, es decir, los sueldos y los contratos son cosas distintas, por lo que Guerra Gómez no aparece como máxima licitante, pero sí es una de las personas con mayores ganancias dentro de la A.C..

Por otra parte, la actual coordinadora del Foro A.C., Julia Tagüeña Parga se desempeñó como Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt en el periodo de abril de 2013 a noviembre de 2018. Participó en los procesos de autorización financiera firmando 3,306 proyectos por un monto total de 225,300,000 pesos. De esa cantidad 104 millones de pesos fueron financiados con cargo al Fondo Institucional del Conacyt, que no tiene como objetivo financiar organismos del sector privado.

No solo eso. Ni el fondo referido, ni el Programa Presupuestario F002 admiten el pago de nóminas personales, tintorería, servicios personales, pago de telefonía celular, gasolina y hasta pago de impuestos, como fue autorizado durante la gestión de Tagüeña.

La continuidad del juicio y 7 millones que nunca cobraron

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, las condiciones del Foro A.C. fueron decayendo. El momento más complicado fue cuando el presidente en febrero de 2019 señaló que cierto grupo de académicos viven como una “Burocracia Dorada”.

“Hay mafias en todo, hasta en la ciencia. Y aunque parezca increíble… en la cultura, en la intelectualidad, hay cotos de poder que eran intocables, con sueldos elevadísimos”, declaraba el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, frente a los cientos de periodistas que asisten todos los días a su conferencia de prensa matutina. Ese día, nadie objetó. El presidente tenía la razón, pero nadie reveló las pruebas1. “Es importante ventilarlo todo, están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones´(…) Espero que se ventile este asunto”, continuó López Obrador.

En respuesta a la crisis financiera que estaba por configurarse, Adriana Guerra, en calidad de secretaria técnica, interpuso el amparo número I-1440/2019 con el que pretenden obligar al estado a seguir dando dinero público a su asociación privada.

En lo que se resolvía ese amparo interpuesto en contra de Conacyt, los científicos de la A.C. consiguieron, además, una Suspensión de Actos en los Tribunales Administrativos; es decir, les otorgaron un documento jurídico que ordenaba a las autoridades a entregarles dinero en tanto se resolvía el fondo del juicio de amparo para la operación de la A.C..

Tras el mandato de un juez, Conacyt entregó un cheque por siete millones de pesos a la secretaria técnica (también representante legal) del Foro A.C., Adriana Ramona Guerra Gómez, que no cobro, pero sí intentó hacerlo. Según narra, Conacyt debió entregar el cheque para poder ser depositado a la cuenta del Foro A.C., no obstante, el cheque se encontraba personalizado, por lo que cobrarlo configuraría el delito de desvío de recursos.

El cheque en cuestión, del que PODER posee una copia, quedó firmado por Guerra Gómez el 21 de noviembre de 2019 a las 13:48 de la tarde. Según se puede leer en el documento, el motivo de depósito que ella presentó al banco fue el de “abono en cuenta”. Finalmente el cheque fue entregado al juzgado por haber decidido no cobrarlo.

Pero Conacyt asegura en la notificación judicial que entregó el cheque a la secretaria técnica porque en la demanda interpuesta por el Foro (a nombre de Adriana Ramona), se estipuló en los actos reclamados que por conducto de ella era la persona que debía gestionar los fondos.

La guerra en medios: El discurso y los bots

Desde que se presentó la demanda de amparo en contra de las autoridades de Conacyt, algunos de los académicos mencionados, como Julia Tagüeña Parga, han aparecido en diferentes plataformas informativas asegurando que la existencia de este foro es indispensable para el desarrollo científico de la nación.

Aunque jamás explica los motivos de los viajes, ni declara a la prensa que sus sueldos superan a los de los gobernantes, la académica asegura que existe un esfuerzo desde enero del año en curso por “acabar con la A.C. sin que hiciéramos algo malo”, según dijo a los micrófonos de un diario de circulación nacional2.

Además de Tagüeña, se han localizado a otros personajes que hacen uso de seudónimos para atacar la nueva gestión. Aunque estos ataques están dirigidos en su mayoría al presidente López Obrador, perfiles como el de “Obrero Futurista, Pato McCuack o El antichairo justiciero”, aprovechan de las coyunturas mediáticas para golpear al Conacyt en redes sociales.

Historia de Ricardo Balderas editada por Fernanda Hopenhaym.

Académicos de Sonora al servicio de Grupo México

2019-12-12T00:00:00+00:00

Académicos de la Universidad de Sonora (UNISON) usan recursos patrocinados por el centro académico y la empresa Grupo México, del magnate Germán Larrea, para generar una imagen positiva de la minería en la región, específicamente sobre el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre, ocurrido en la mina Buenavista del Cobre en 2014.

Vía Méxicoleaks, este medio de comunicación recibió documentación sobre cómo algunos miembros de la comunidad científica aparecen constantemente apoyando a las empresas mineras y no a las comunidades afectadas. Se trata de Felipe Mora Arellano, Héctor Mendivil Quijada y a Miguel Rangel Medina. Los dos últimos además de su labor en diferentes universidades, hacen negocios con el gobierno.

Rangel Medina trabajó como investigador del departamento de Geología de la UNISON, aunque las percepciones monetarias por ese puesto no aparecen en el registro de transparencia de la universidad 1. Además, posee dos empresas con las que realiza licitaciones públicas: Ideas en Diseño y Maquinados Industriales, S. de R.L. de C.V. (Ideas) e Investigación y Desarrollo de Acuíferos y Ambiente, S.A. de C.V.

También cobra como persona moral. Con cargo al erario de los sonorenses, Miguel Rangel Medina, doctor de la UNISON, cobró al gobierno local 865,000 pesos para realizar un estudio denominado: “Elaboración de un modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico e hidrogeoquímico y computacional de flujo de las aguas subterráneas del valle de Guaymas, Estado de Sonora”, mismo estudio que serviría para justificar los trabajos reportados por la autoridad por el concepto de contrataciones de servicios profesionales 2.

Asimismo, Rangel Medina es editor de la publicación “Revista Latinoamericana de Hidrogeología”, pertenenciente a la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subtearránea para el Desarrollo (ALHSUD), en la que Rangel Medina también es presidente. Los derechos de publicación de la revista son de la Universidad de Sonora, con dirección fiscal en Rosales y Blvd. Luis Encinas, Hermosillo y registrada con el ISSN: 1676-0999.

La revista publicada en 2019 a favor de la minería, fue vista en el interior del recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en agosto de ese año, el día que se resolvía el amparo interpuesto por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) contra el cierre arbitrario del Fideicomiso instalado supuestamente para remediar las afectaciones ocasionadas por el derrame responsabilidad de Grupo México, repartiendo ejemplares de la revista con el siguiente mensaje: “Las prácticas contaminantes percibidas por la sociedad, ciertas o no, suelen generar oposición a los proyectos de explotación minera, a pesar de que en la actualidad las estrategias de gestión del agua se instituyen rutinariamente para mitigar el impacto ambiental y son fundamentales para el desarrollo, operación y restauración de una mina. Algunas empresas, preocupadas por ello, superan el cumplimiento regulatorio”.

Finalmente los ministros de la segunda sala de la SCJN decidieron aplazar la resolución de dicho amparo y estudiarlo en conjunto con otros dos amparos interpuestos por los CCRS, también vinculados a las operaciones del Fideicomiso. Aún se espera conocer qué resolverá el máximo tribunal sobre estos casos.

En la misma revista aparece el segundo nombre. Se trata del también docente Felipe Mora Arellano, quien se registra como coordinador de autores.

Sobre Mora Arellano, otros docentes que prefirieron conservar el anonimato, también trabajadores de la UNISON, cuentan a este medio de comunicación que se le ha visto en charlas amistosas con trabajadores de alto nivel de la empresa de los Larrea. Se trata de un profesor de sociología de tiempo completo también de la UNISON. Finalmente, Héctor Mendivil Quijada actualmente miembro del cuerpo docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 3 y extrabajador de la UNISON, es también fundador activo de la empresa Geo Digital Imaging de México, S.A. de C.V.. Dicha empresa publica en su sitio oficial que uno de sus mejores clientes es justo Grupo México 4.

Día Mundial del Agua

“Mucha oposición ambientalista (a la minería) proviene de la falta de conocimiento (…) Este es el objetivo de ediciones como ésta, que permiten abrir las puertas del conocimiento a una industria extractiva que no por ser odiada por algunos, dejará de trabajar, pues esta industria es el ejemplo óptimo del uso de los recursos naturales”, afirma el texto de introducción a la revista que Rangel Medina repartió en la SCJN y firmó.

Hay más pruebas sobre la cercanía del académico con Grupo México. En el marco del Día Mundial del Agua de 2017, Rangel Medina fue uno de los invitados a Casa Grande Nacozari, parte del departamento de Desarrollo Comunitario de la empresa, a dar la conferencia “El agua en el mundo: una comunidad que vive la escasez del agua” 5.

alternativas de uso de agua y optimización en los procesos industriales, la economía del agua en el mundo, el agua y la industria minera. Y sostuvo frente a los asistentes la efectividad que Grupo México daba en el tratamiento de sus aguas.

Los negocios

Las empresas de Rangel Medina y Mendivil Quijada recibieron la suma de 1,529,855 pesos en ocho contratos ocurridos entre abril de 2016 y junio de 2017, todos por adjudicación directa de las siguientes instituciones: la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT).

Dos de esos contratos fueron para la firma Investigación y Desarrollo de Acuíferos y Ambiente, S.A. de C.V., de Rangel Medina, por 547,645 pesos, para realizar el servicio de colecta de sedimentos en 14 sitios de la cuenca del río Sonora, más el contrato que realizó con el Gobierno de Sonora y una investigación con la CONAGUA que no presenta montos6.

Por su parte, la empresa de Héctor Mendivil Quijada recibió cinco contratos por los conceptos de capacitación, mantenimiento de licencias, entrenamiento virtual de Oasis Montaj y una capacitación en geofísica. El monto por estas adjudicaciones fue de 117,237 pesos. Hasta el cierre de esta edición, el académico Rangel Medina no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas por los canales conducentes.

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El negocio de los estudios pro transgénicos

2019-09-25T00:00:00+00:00

Más de 80 millones de pesos han sido utilizados para promover el desarrollo de la industria de transgénicos en México, a través de estudios que fueron pagados con recursos del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (Fondo CIBIOGEM). Así lo reveló un análisis profundo del ejercicio financiero reportado de manera oficial por el Comité del Fondo y el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt). Empresas como Monsanto son las principales beneficiadas.

Estos datos, a los que tuvo acceso PODER y que fueron corroborados con los investigadores, revelan que los montos asignados a biotecnología y biotecnología agrícola rebasan, por mucho, a los proyectos financiados para la investigación en bioseguridad (investigaciones para prevenir catástrofes ambientales). “Hay un evidente sesgo”, denuncian investigadores.

En totalel 72% de las investigaciones pagadas con el erario fueron encaminadas al desarrollo de biotecnología y biotecnología agrícola. Es decir, existe una clara inclinación a la producción de transgénicos y uso de químicos que fortalece a las multinacionales, afectando así, a los cultivos orgánicos y tradicionales.

A modo de ejemplos, podemos mencionar, el estudio denominado: “Plantas de maíz genéticamente modificadas con tolerancia a sequía”, elaborado por la Dra. Beatriz Xoconostle, con un evidente sesgo a favor de los transgénicos, y otra investigación que lleva por nombre: “Costos y beneficios de los cultivos genéticamente modificados en México: un análisis de equilibrio general”, por el Dr. Javier Becerril del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El conflicto ahora retumba en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), encargada de ejercer el presupuesto del Fondo y cuyo objetivo original es la protección biogenética del país.

“En las administraciones anteriores de la CIBIOGEM había un sesgo muy cargado, muy evidente hacia la biotecnología, cuando el objeto de esta comisión es la bioseguridad”, dijo para PODER Emmanuel González Ortega, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM.

La rebelión antitransgénicos

La rebelión comenzó desde las aulas. El 15 de septiembre del año en curso, en mitad de un foro denominado “Ciencia por México”, los académicos asistentes se pronunciaron públicamente en contra del abuso de las producciones en masa de biotecnología y sus consecuencias en un escenario de “crisis climática”. El hecho ocurrió ante centenares de asistentes entre los que destacan miembros de los centros de estudios más destacados del país, como el IPN, la UNAM, la UAM y el Conacyt.

El primero en hablar fue Emmanuel González Ortega, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, quien subrayó que con la nueva política (con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia), el Conacyt se orienta hacia la protección de la riqueza biocultural. En lo particular, aseguró que la CIBIOGEM buscará fortalecer las acciones y políticas públicas de bioseguridad teniendo como premisa el principio de precaución. Es decir, que si existen estudios que informen sobre posibles riesgos sanitarios por manipulación de material genético, se tomarán medidas.

Por su parte, el doctor Manuel Rojo Leyva, director en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, celebró que por primera vez el Conacyt promueva el diálogo y la discusión sobre el uso de transgénicos en la alimentación y su impacto en los pueblos originarios. En esa misma conferencia, Yolanda Cristina Massieu, doctora en Economía por la UAM y miembro del Programa Agricultura y Alimentación, Grupo de Maíz Transgénico de la UCCS, realizó una denuncia sobre la crisis climática.

“Los cultivos transgénicos agudizan el modelo industrial de agricultura capitalista, caracterizado por privilegiar el monocultivo de alto rendimiento, sin importar sus efectos ambientales (…) estamos padeciendo las consecuencias en la contaminación de suelos, de agua, así como la erosión genética y la exclusión social. Estamos en tiempos de una crisis ambiental tremenda y urge buscar un nuevo paradigma agrícola, que sea sustentable y que sea diverso e incluyente de las comunidades campesinas e indígenas”, sostuvo.

El sesgo en el aparato científico

En el reportaje denominado: “El cártel de las Semillas”, también se da cuenta de una red que promocionaba investigación a favor de la producción transgénica con estudios que se realizaron en escalas muy bajas (nunca mayor a un hectárea) y sin las medidas de control recomendadas. Asimismo, la empresa transnacional Monsanto, logró traficar con semillas genéticamente modificadas con ayuda del gobierno, a través de programas de fomento al campo.

Emmanuel González añade otra línea de investigación, la de la salud pública: “Los Organismos Genéticamente Modificados, más concretamente los cultivos OGM que primordialmente son de tolerancia a los herbicidas como el glifosato, que se ha probado o se ha catalogado como probablemente cancerígeno, y otro tipo de cultivos OGM son los resistentes a insectos, que también indica que tienen daños a la ecología, digamos, daños ecotoxicológicos y también hay evidencia de daños a la salud por el consumo de estas toxinas”.

Y esos daños a la salud están siendo investigados. La organización U.S. Pirg, con presencia en Estados Unidos y Canadá, detectó un incremento de más del 500 por ciento de glifosato en diferentes vinos y licores, entre los que resaltan las cervezas Corona, Budweiser y Heineken. El glifosato es una de las sustancias más frecuentes en los herbicidas elaborados y comercializados por Monsanto, mismo que fue catalogado en 2015 por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno.

Es por esos motivos que el Principio de Precaución o Principio Precautorio del que hablan los nuevos directores de la CIBIOGEM es tan importante. Según explica el investigador, el Principio Precautorio estipula que al existir un mínimo riesgo de contaminación o daño al patrimonio biogenético del país, los proyectos biotecnológicos deben ser suspendidos.

Dado que la producción agrícola mundial requiere de altos niveles de insumos que con las semillas orgánicas pocas veces es posible alcanzar, según el doctor González Ortega, desde las instituciones públicas se estuvo promoviendo sin reparo el escenario para favorecer a los cultivos transgénicos.

La justificación utilizada para sostener el discurso de la biotecnología agrícola data de una segunda ola, después de lo que se llamó la revolución verde. Sin embargo, la revolución verde fue una iniciativa en donde se priorizó mucho el uso de variedades agrícolas híbridas, porque la expectativa era la alta producción sin el uso de químicos en el campo, lo cual es imposible.

Desde que los nuevos investigadores implementaron el Principio Precautorio a la función pública en la CIBIOGEM, han sido objeto de diversos ataques internos y vía redes sociales.

Los ataques provienen principalmente de la red social Twitter, donde descalifican los perfiles de los investigadores por proponer detener la megaproducción genéticamente modificada. Asimismo, algunos usuarios descalifican el trabajo realizado priorizando la producción de las semillas OGM y descalificando las investigaciones que apuntan o califican como cancerígenos a los herbicidas.

Estos ataques siempre fueron dirigidos desde perfiles con pocos seguidores y que no poseen antecedentes de interés en la investigación científica, por lo que podría tratarse de lo que coloquialmente de identifica como bots.

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