Un gobierno entre las sombras
• Ricardo Balderas
Actualización 30/marzo/2020
Luego de la publicación de este reportaje, el 30 de marzo de 2020, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la doctora María Elena Álvarez Buylla Roces admitió mediante un comunicado interno la existencia del problema ocasionado por la A.C. relacionado a la suplantación de funciones del Estado. Asimismo denuncia que la A.C. participó indebidamente en la deliberación y decisión de múltiples actos de autoridad y política pública. Finalmente, en ese mismo documento, se asegura que la existencia de dicha A.C. configura una práctica sin fundamento legal y que las autoridades se encuentran tomando cartas en el asunto.
“Proponer y opinar sobre las políticas nacionales, programas sectoriales y especial de apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación”, ésta frase aparece tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la Ley Orgánica y el Estatuto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en el Acta Constitutiva del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A. C. Esto no tendría mayor relevancia de no ser porque esa A.C. no le pertenece al Conacyt, sino a un grupo de académicos que se han otorgado mandatos de “Institución Pública”, cuando estas funciones están reservadas al Estado Mexicano.
Esta suplantación de roles ha permitido que algunos de esos académicos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) realicen funciones como la gestión de fondos públicos, el apoyo a los legisladores en la generación de leyes en materia científica y el ejercicio de fondos públicos para su presunto enriquecimiento.
Gracias a una filtración vía Méxicoleaks, PODER tuvo acceso a más de 700 documentos confidenciales en los que se narra todo el proceso de judicialización y entre otras cosas, la suplantación de funciones del estado.
La manipulación de una ley
Cuando nace la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) y la Ley Orgánica del Conacyt, el 5 de junio de 2002, se menciona dentro de las mismas, que se debía conformar un Foro Consultivo Científico y Tecnológico con el objetivo de otorgar asesoramiento en la materia a diferentes espacios gubernamentales y al Conacyt. Ese foro estaría conformado bajo la figura de Órgano Colegiado Interno.
Pero un par de meses después, el 27 de septiembre de ese mismo año, cuando la Ley de Ciencia y Tecnología ya había sido aprobada en el Congreso, Patricia Zúñiga Cendejas, quien quedaría como Secretaria Técnica del Foro Consultivo, constituido por dichas leyes, y José Antonio de la Peña Mena, entonces Coordinador General, crearon frente al notario público Ángel Gilberto Adame López, la entidad jurídica Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, A.C. (Foro A.C.). En contra de la LCyT, dos meses más tarde, las autoridades en turno del Conacyt promovieron un estatuto que pretendió validar temporalmente a la A.C.
Zuñiga Cendejas y De la Peña no cumplieron con la ley, sino que se basaron en un estatuto impulsado durante su administración y crearon una asociación que suplantó funciones del Estado. Pero lo que realmente se pensó para dicho foro, era ser un órgano interno dentro de Conacyt, por lo que la existencia de dicha A.C. usurpa el nombre y funciones estipuladas para el Órgano Interno y el notario público no reparó en esta suplantación.
En el artículo 36 de la LCyT se habla además del “Foro Consultivo” como un Órgano Autónomo en sus opiniones. Es decir, no son un espacio legal similar como el que representan el Instituto Nacional Electoral (INE) o del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Pero el Foro A.C. no es eso, legalmente es únicamente un contrato entre particulares.
Con la asociación constituida, los académicos estaban listos para tomar el poder. El 09 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Estatuto en el que se da cuenta de la existencia del Foro A.C. pero que carece de fundamentación. Es decir, si el Foro A.C. fuera público, debió haberse constituido de conformidad en lo previsto en la Ley de Federales de Entidades Paraestatales, y no, mediante una acta constitutiva.
La propia Ley sería entonces la base para constituir el Foro mencionado en la misma. Debido a la falta de fundamentación recientemente tuvieron que realizar cambios en dichos estatutos del Conacyt. Ahora se especifica que quiénes conformarían esta figura serían representantes de diferentes instituciones a los que se refiere la Ley y en ningún momento debería tener personalidad jurídica (sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros).
¿Quiénes son y cómo llegaron algunos al PRI?
Los coordinadores generales del Foro A.C. (personas responsables en lo público de las actividades de la A.C.) han sido el Dr. José Antonio de la Peña Mena (2002-2004), el Dr. José Luis Fernández Zayas (2004-2008), el Dr. Juan Pedro Laclette (2008-2012), la Dra. Gabriela Dutrénit Bielous (2012-2014), el Dr. José de Jesús Franco López (2014-2018) y la Dra. Julia Tagüeña Parga (2018 a la fecha). El fundador del Foro y primer presidente, de la Peña, ha ocupado importantes cargos en administraciones priistas, incluso fue el encargado del Consejo de Ciencias de la Presidencia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto1, como la mayoría de sus sucesores.
El segundo director del Foro A.C., José Luis Fernández Zayas -egresado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- fue director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Director General del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) durante la administración de EPN2. El académico también fue uno de los firmantes, junto a Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN, Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y Luis Videgaray Caso, excanciller, del Pacto por México, documento pilar en el impulso de las Reformas Estructurales.
El tercer director, Juan Pedro Laclette, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue colaborador del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI durante el periodo de Peña Nieto. Aunque a Laclette se le relaciona más con otro grupo de priistas, como la exsenadora Ana Lilia Herrera, del Movimiento Territorial del PRI, la Secretaria de Cultura del CEN, Beatriz Pagés y el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Joaquín Hendricks3.
Actualmente, la secretaria técnica del Foro A.C., Adriana Ramona Guerra, sostiene un juicio de Amparo en contra de Conacyt, que recae en los mismos Tribunales Federales que liberaron las cuentas de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de enriquecimiento ilícito.
La demanda contra Conacyt
El proceso jurídico en cuestión inició con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien durante una rueda de prensa, llamó “burocracia dorada” a estos científicos, por los beneficios que ostentaban. En ese mismo evento, anunció que su gobierno dejaría de entregarles fondos4.
La denuncia del presidente ocurrió en junio de 2019, pero no fue hasta el siguiente mes que Conacyt emitió el comunicado de prensa en el que se anunciaba que el recorte afectaría al Foro A.C. En el documento oficial se advertía que esta asociación duplicaba funciones y se atribuía facultades por encima de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, se denunció que durante la administración de Enrique Peña Nieto, esa A.C. había recibido 200 millones de pesos por lo que su manutención era incompatible con las funciones del Consejo. Es decir, su destino estaba ya dispuesto.
En respuesta, algunos , liderados por Adriana Ramona Guerra, interpelaron la decisión presidencial mediante el juicio de Amparo Número I-1440/2019 con el que pretenden obligar al estado a seguir dando dinero público a su asociación privada. La primer batalla la ganaron los académicos consiguiendo que los tribunales sancionaran a Conacyt por desacato; sin embargo, el juicio continúa y escala. En tan sólo cuatro meses el conflicto pasó de ser una demanda en materia administrativa para convertirse en una querella.
Sobre la demanda, la actual coordinadora general del Foro A.C., Julia Tagüeña, dijo a PODER que se trata de un proceso de culminación para proyectos como la A.C. que surge de las negociaciones para implementar la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. Aunque ella personalmente no presentó el Amparo, sí se identifica con el grupo impulsor y asegura que “aunque ya ganaron unas luchas judiciales, no ven la manera de continuar de la misma manera”.
La versión de los académicos dista mucho de lo estipulado en los expedientes judiciales, de los que PODER posee copias, principalmente porque ellos aseguran que no hubo un uso ilícito del recurso asignado. Serán los tribunales quienes tengan la última palabra.
Historia de Ricardo Balderas editada por Fernanda Hopenhaym.
Los datos analizados por PODER fueron tomados del más reciente informe financiero presentado por la propia Asociación Civil Foro Consultivo. Es importante mencionar que algunas facturas fueron retiradas del conteo final debido a que carecían de información en más de dos casillas importantes, además, la suma original es mayor debido a que en el proceso de captura de datos fueron retirados los montos utilizados en pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).